Hoy jueves se ha publicado en el Diario El Mercurio de Valparaíso que el Senador Ominami y el diputado Marco Enríquez- Ominami presentaron una moción que busca derogar el decreto que estableció ese instrumento que a su juicio ha redundado en un monopolio de dicha entidad.
Se debe señalar que en nuestro ordenamiento jurídico existe una norma en esta materia, la ley 19.628, ley de protección de datos privados. (Protección de la Vida Privada)
Esta ley tiene diversas imperfecciones la principal es la ausencia de un organismo que ampare y fiscalice el uso de nuestros datos personales. La ley sólo establece que el Registro Civil debe mantener un registo de las bases de datos del sector público, pero en materia vinculada al sector privado no existe un organismo al cual los ciudadanos podamos recurrir para exigir el cumplimiento de los derechos que reconoce la mencionada ley. Además, no hay una fiscalización del uso de esta información. Estos son los problemas con que nos enfrentamos en la sociedad de la información. En España por ejemplo existe la Agencia Espeañola de Protección de Datos. Porque no mejor destinar ese recurso y tiempo en un BUEN PROYECTO de ley de protección de datos, eso es lo que necesita el país para adecuar nuestra normativa al contexto global.
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