Un conjunto de situaciones han dado a conocer cómo Carabineros de Chile, Ministerio del Interior, el Ministerio Público, Policía de Investigaciones se ven enfrentadas en conjunto de discusiones para validar el uso efectivo o no de un software, el respeto de la legalidad y el actuar acorde a procedimientos legales por parte de los auxiliares de la administración de justicia. Todo lo que estamos viendo por la prensa por la situación de la operación "Huracán" nos demuestra de la necesidad de apurar la implementación de la Política Nacional de Ciberseguridad que nuestro país se dio en marzo del año 2017. Se hace necesario capacitar a los diversos organismos del Estado de manera más efectiva, pero sobre todo a través de instituciones validadas y reconocidas internacionalmente, tal como lo hacen las policías de varios países desarrollados es decir, a través de certificaciones internacionales en materia de ciberseguridad, podemos mencionar por ejemplo la CEH v.9 de Ec Council o la certificación Computer Hacking Forensic Investigator Certification que permite entregar competencias para la custodia de evidencia digital, recurriendo a especialistas certificados, con conocimientos validados, creando estructuras con profesionales preparados en diversas certificaciones como también puede ser EC-COUNCIL CERTIFIED SECURITY ANALYST (ECSA).
Algunas de las certificaciones anteriores son realizadas por organismos de defensa, seguridad nacional y también policías como mecanismos de formar a sus cuadros en las diversas tácticas para la seguridad de la información la expansión de estas certificaciones ha llegado al nivel que diversas industrias solicitan expertos validados en algunas de estas certificaciones. Es desafío es que las autoridades entiendan que la ciberseguridad no puede ser tomada a la ligera y que requiere acciones concretas tal como lo indica la Política Nacional de Ciberseguridad difundida en marzo del 2017 documento que ya señalaba que "De cara a este desafío, Chile debe ponerse al día en materia de seguridad, porque cualquier error o ataque exitoso puede vulnerar el bienestar y los derechos de chilenas y chilenos, afectar intereses particulares y comunes, afectar servicios críticos para el funcionamiento del país." Este párrafo es parte del mensaje de la actual Presidenta en la Política ya indicada.
Pora otra parte, en el mismo texto el actual Subsecretario de Defensa ya señalaba que "La Política refleja una idea central para los tiempos que corren: seguridad y libertad son conceptos complementarios entre sí, y el combate a los ciberdelitos y otras amenazas en Internet no puede convertirse en una excusa para atropellar derechos humanos como la privacidad y la libertad de expresión, sino un modo de garantizar plenamente estos derechos en el ciberespacio."
La autoridades que asumirán en marzo próximo tendrán la tarea de implementar esta Política Nacional de Ciberseguridad que en materia de velar por los derechos de los ciudadanos, mecanismos que permitan el reporte centralizado y estandarizado de incidentes de ciberseguridad, de manera de contar con un panorama amplio y en tiempo real de los incidentes que se vayan generando en el país, generar instancias apropiadas de coordinación, encuentro y colaboración y fortalecer significativamente las capacidades técnicas y el acceso a capacitación de los fiscales y jueces, las capacidades periciales y forenses de las policías y generar pautas de cuidado mínimas para toda la población. Se deben definir capacidades de levantamiento, estandarización e integración de datos e información relacionados con el cibercrimen, aumentar la capacidad para investigar y generar evidencia respecto al mismo.
En fin, el documento es extenso y asigna las tareas y responsables, implementemos, coordinemos, gestiones, seamos serios en enfrentar el entorno que estamos viviendo en materia de ciberseguridad llegó la hora de tener "pantalones largos" y preparar fuerzas de tareas ad hoc a estas nuevas exigencias.
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