Chile corre el serio riesgo de mantenerse por cuarto año consecutivo en la “lista roja” que maneja la oficina del representante del Comercio de Estados Unidos, debido a los pocos resultados que se observan en la lucha interna contra la piratería de software.Así lo estiman las asociaciones gremiales del sector luego de conocer el último estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que -nuevamente- deja al país a la cabeza en esta materia, con una tasa del 64% de producciones ilegales.
El alto nivel mostrado en los últimos cinco años, que se niega a bajar el umbral del 60%, hace tambalear los acuerdos de protección sobre propiedad intelectual establecidos con Estados Unidos. Este pésimo antecedente ahora es reforzado por los datos de la OCDE, por lo que el sector privado advierte la alta probabilidad de que Chile se mantenga en esta clasificación junto a otros diez países que no logran avanzar en este tema.
Si bien varias voces señalan que la elaboración de esta tabla responde más a intereses proteccionistas, los especialistas recuerdan una serie de inconveniente prácticos para los consumidores chilenos, pues “los grandes proveedores internacionales tienden a limitar sus ventas en los países con altas tasas de piratería”, con las consiguientes molestias de alzas de precios en estos productos, explica el asesor legal de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información (ACTI), Rodrigo Rojas.
Según el gerente general de la Asociación de Distribuidores de Software (ADS), Sebastián Rodríguez, existen otros problemas que perjudican a los consumidores, como los llamados “riesgos sistémicos”, que se manifiestan en problemas de virus, dificultades de compatibilidad en los programas, menor vida útil de los computadores en los hogares y la falta de normas de seguridad y protección para estos productos.
Los lugares de trabajo también corren el riesgo de ser impactados negativamente por las producciones ilegales, razón por la cual la ADS continúa realizando cerca de cincuenta auditorias al mes dentro de las empresas para identificar eventuales software ilegales y así regularizar su situación sin la necesidad de caer en las multas.
