Avance de proyecto de ley de Superintendencia de Telecomunicaciones

La Comisión de Transportes Y Telecomunicaciones de la Cámara Alta despachó el proyecto de ley que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones, la cual separa las tareas regulatorias del desarrollo de la Industria de las labores de supervisión y sanción a las empresas, en dos instituciones.

Las primeras se mantienen en la actual Subsecretaría de Telecomunicaciones, mientras la fiscalización del mercado radicará en la nueva Superintendencia. El proyecto de ley establece a la Superintendencia de Telecomunicaciones como un servicio público descentralizado, especializado técnicamente, que permitirá modernizar la institucionalidad sectorial para cautelar -de forma proactiva- los derechos de los consumidores en un mercado altamente demandado, con alrededor de 35 millones de relaciones comerciales entre los distintos servicios de telecomunicaciones.

Fuente: Subtel

Servicio de telecomunicaciones y calidad

Uno de los problemas con que me he encontrado últimamente es la calidad de los servicios de las telecomunicaciones, si bien en las grandes ciudades se mantiene un estándar aceptable, no podemos desconocer que la penetración de las telecomunicaciones avanza a niveles impresionantes en nuestro país, pero que también impone desafíos a las empresas para mantener esa calidad. Nuestro marco normativo actual nos desafía a actualizarlo para mantener un estándar aceptable y ojalá de mejora continua en la calidad de los servicios que nos proveen las empresas que hoy operan en Chile. 

Los desafíos normativos que nos impone el desarrollo de esta industria es un factor que debe ser considerado, tanto, por los Estados como por los inversionistas quienes requieren tener normas claras para poder desarrollar con éxito proyectos de penetración de servicios y por otra parte, el Estado debe exigir a los actores propuestas de servicios de calidad, las que deben ser medidas por las autoridades fiscalizadoras correspondientes con la finalidad de definir estándares de esos servicios, todo lo anterior, debe estar enmarcado en un contexto de seguridad jurídica y certeza que permita conocer claramente qué se exige a las empresas. Como vemos no son menores las exigencias que están presentes pero todo ello apuntará a mejorar la protección de los consumidores y validar a las empresas de telecomunicaciones que están presente en diversos países.

Si nuestro país pretende mantener estándares competitivos debe adecuarse a un contexto normativo más flexible y adaptado a la realidad internacional y no con una legislación que presenta vacíos y que genera cierta indefensión al consumidor de servicios de telecomunicaciones, esperemos que el avance del proyecto de ley que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones sea una opción de solución para estos desafíos.

El proyecto que crea la Superintendencia se aprobó en general  en su  primer trámite constitucional, pueden ver el  primer trámite, el primer informe, y está calificado con urgencia calificada de suma. Boletín N° 8034-15. Proyecto de ley pasa al Senado. 

Superitendencia de Telecomunicaciones

Actualmente se encuentra en discusión en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados el proyecto de ley que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones: La semana pasada se aprobó en particular en la  Comisión de Ciencia y Tecnología el proyecto de ley iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de simple.El proyecto de ley pasa a Comisión de Obras Públicas.

La conveniencia de crear una Superintendencia de Telecomunicaciones, que concentre las tareas fiscalizadoras, sancionatorias, autorizatorias y aquellas vinculadas a la fijación de tarifas que la ley determine. En un órgano distinto quedarían las tareas de definir la política sectorial y de dictar las normas pertinentes. Aquí se radicarían los objetivos de política pública, vinculados a la representación democrática del gobierno. Este órgano será la SUBTEL. En la Superintendencia, en cambio, quedarían las tareas que suelen considerarse más “neutrales” o “técnicas”, tales como fiscalizar, sancionar, participar en la entrega de las autorizaciones para prestar los servicios de telecomunicaciones y conducir el procedimiento para la fijación de las tarifas, sobre la base de las definiciones que adopte el órgano regulador. Así se crea una arquitectura institucional que reduce la posibilidad de conflictos de interés, permite la solidez técnica que se deriva de la especialización y, por lo mismo, reduce el riesgo de ese fenómeno que se conoce como “captura del regulador”.



Fuente: Ver más en el Boletín 8034-15.

Telecomunicaciones vamos hacia una Superintendencia

Después de varios años ha vuelto a ser puesto en la agenda de gobierno la necesidad de avanzar hacia una Superintendencia de telecomunicaciones. El  proyecto de Ley que creará nueva institucionalidad fiscalizadora con más atribuciones y aumentará mil por ciento las multas máximas a las empresas que no respeten derechos de los consumidores. La industria de telecomunicaciones es el mercado más masivo de Chile, presente en el 98% de los hogares chilenos y con 30 millones de servicios activos.

Entre los motivos  que busca generar este cambio se encuentra en que en Chile hay más celulares que personas. Este es solo uno de los datos que hacen de la Industria de Telecomunicaciones el mercado con más usuarios de Chile, presente en el 98% de los hogares y con 30 millones de servicios activos entre Telefonía, Internet y Televisión. Prácticamente todos los habitantes del país son, también, usuarios de uno o más servicios de telecomunicaciones.

Para asegurar una fiscalización más profunda, que permita cautelar los derechos de los consumidores y solucionar de forma oportuna los problemas no resueltos entre usuarios y empresas, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, firmó hoy el proyecto de Ley que creará la Superintendencia de Telecomunicaciones, un servicio público funcionalmente descentralizado, sometido a la supervigilancia del Presidente a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Entre los cambios que se contemplan está aumentar en mil por ciento las actuales multas máximas que se pueden aplicar legalmente a las empresas, cuando transgredan la normativa sectorial.

Fuente: Subtel 

Día Mundial de las telecomunicaciones y de la Soc. de la Información

Ayer jueves se ha celebrado en nuestro país el día mundial de las telecomunicaciones. Asistí a varias conferencoas.

Dentro de ellas el Ministro de Telecomunicaciones ha anunciado la creación de la Superintendencia de Telecomunicaciones, de hecho el titular de la SUBTEL realizó su cuenta pública anual destacando los avances logrados y los desafíos futuros del sector. "Comprendo que las empresas no salten de alegría con el proyecto de la Superintendencia, pero es de amplio consenso en todos los sectores políticos y económicos, que este paso es imprescindible para mejorar la protección de los consumidores y la fiscalización de un mercado que alcanzó los 19 millones de clientes", afirmó Pablo Bello.

En el ámbito de la competencia y el buen funcionamiento del mercado, el Subsecretario destacó que señaló que "avanzamos decididamente hacia la modernización del marco normativo del sector, pasando por la eliminación de obstáculos burocráticos en los trámites y siguiendo con otras modificaciones legales relevantes que están actualmente en curso como la Superintendencia de Telecomunicaciones, el proyecto de ley que crea el panel de expertos y la actual consulta pública que dará cuerpo definitivo al proyecto que modifica el régimen concesional".

Se presentó también la estrategia de desarrollo tecnológico del Gobierno, donde temas como el open source, protección de datos personales, seguridad fueron anunciados en el plan de trabajo para este año 2007, veremos cuáles se logran terminar.

Propuesta de una Superintendencia de Telecomunicaciones

Una de las propuestas del actual Gobierno en materia de telecomunicaciones era el crear un organismo independiente de la subsecretaría de telecomunicaciones. Hoy el marco regulatorio de las telecomunicaciones gira en torno a un solo órgano de ejecución: la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), sin una superintendencia que la acompañe o complemente.

Cabe destacar que la necesidad de proponer una nueva legislación que contemple la creación de una Superintendencia de Telecomunicaciones, ha sido advertida también por el Poder Legislativo, destacándose el acuerdo unánime que en tal sentido adoptó el Honorable Senado en sesión de 18 de octubre de 2006, por el que se solicitó al Gobierno realizar los estudios pertinentes al efecto.

La existencia de una dependencia de la administración centralizada del Estado, dentro de la pirámide ministerial, para hacerse cargo de las materias referidas a las telecomunicaciones, guardaba posiblemente en su momento una relativa consistencia con la estructura industrial encargada de la prestación de los servicios de telecomunicaciones al público. En efecto, las características de monopolio natural que en ese entonces se atribuían a la telefonía, prefiguraban a grandes rasgos un modelo de prestador único monoproducto (telefonía vocal de conmutación de circuitos), cuestión que justificaba la existencia de una empresa preocupada más fundamentalmente de ampliar sus niveles de cobertura y tiempos de espera en la conexión inicial al servicio, que en elevar los niveles de calidad del mismo, incorporar nuevas prestaciones u orientar su gestión al cliente.

La introducción de competencia en la oferta de segmentos del servicio telefónico, como la larga distancia, significó la aparición de numerosos operadores de entre los cuales, el usuario, sometido inicialmente a la presión de intensas campañas publicitarias, debía escoger la alternativa más conveniente a su presupuesto y necesidades de comunicación. Lo anterior ha generado grandes necesidades en orden a proporcionar información de calidad al consumidor, a fin de que éste ejerza adecuada y libremente su opción.

La creación de una Superintendencia de Telecomunicaciones apunta también a regular materias de fiscalización, dentro de ello se encuentra la necesidad de adecuar el procedimiento sancionatorio adecuándose a las garantías constitucionales y procesales necesarias. El diseño que establece actualmente la Ley en el sentido de que la Subsecretaría de Telecomunicaciones obra como parte acusadora, para que en definitiva resuelva el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, presenta una deficiencia estructural que lleva a que, tal como se señaló en la reciente Consulta Pública para crear un Panel de Expertos en el sector, el actual procedimiento contempla situaciones que no garantizan adecuadamente el llamado derecho a un debido proceso, por cuanto recurre en cierta manera a la ficción de independencia entre la parte acusadora y el sentenciador en la primera instancia, toda vez que por mucho que el legislador los haya puesto desempeñando roles propios de un sistema sancionador de corte acusatorio, pende siempre sobre el proceso la influencia que puede tener la necesidad de administrar adecuadamente la relación institucional general, existente entre un Ministro y un Subsecretario dentro del organigrama ordinario del Estado.

Los riesgos que están asociados a esta falta de independencia se exacerban si el contexto en que esto ocurre no está suficientemente formalizado por ley. Y se exacerban aún más si en este contexto poco formalizado no hay una forma institucional que separe la tarea de fijar y perseguir objetivos de política, de un lado, y la de fiscalizar, del otro. Por el contrario, si las infracciones las sanciona directamente el Superintendente, la formulación de cargos sí opera como una garantía procesal para favorecer el derecho de defensa y prueba del imputado. Ello acompañado de un procedimiento objetivo y un adecuado régimen de recursos, cierra un círculo mucho más garantista que nuestra regulación en vigor.

El procedimiento de cargos regulado en la Ley General de Telecomunicaciones es altamente centralizado. A pesar de la extendida cobertura de los servicios de telecomunicaciones a lo largo del país, prácticamente todo el proceso de fiscalización se lleva a adelante en Santiago. Estamos en presencia de una centralización tanto funcional como territorial, pues las Seremis de Transporte y Telecomunicaciones actúan como meras receptoras de denuncias y por otra parte, una vez formulados los cargos, el afectado debe en el mismo escrito donde plantee sus descargos fijar un domicilio dentro del radio urbano de comuna de Santiago. Con tanta cobertura de servicios, esto parece una centralización excesiva. Más aún, el ejercicio del derecho de recurso se encuentra particularmente centralizado, pues cualquiera sea el domicilio del infractor o el lugar donde se haya cometido la infracción, la sentencia del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones sólo puede ser apelada para ante la Corte de Apelaciones de Santiago, o la Corte Suprema, en caso que la sanción impuesta sea la de caducidad de la respectiva concesión.

Dentro del régimen de sanciones, se pretende modificar el monto de las multas ya que su monto es muy bajo, insuficiente y en ocasiones insignificante. El criterio de la normativa vigente en Chile es claramente correspondiente a la preconvergencia. El lograr una competencia dentro un mercado, lleva también a encontrar situaciones de conflicto con otros organismos de fiscalización cuyos límites no son claros. Situación similar ocurre en materia de protección de los consumidores donde se producen superposiciones con el Servicios Nacional del Consumidor.

La propuesta que plantea el Gobierno tiene que ver con la creación de un Panel de Expertos, destinado a servir como órgano de la reclamación contra decisiones tomadas en la regulación del sector, y para resolver las controversias entre los actores de la industria. El Panel no está diseñado para conocer de las reclamaciones interpuestas contra resoluciones dictadas en el procedimiento sancionatorio –las que podrán seguir siendo reclamadas ante la judicatura ordinaria-, pero sí para conocer de las que se dicten en la administración del régimen de autorizaciones o en una fijación tarifaria, por ejemplo. Ahora bien, la otra reforma legislativa que el Gobierno considera apunta a transformar el actual régimen de autorizaciones en un mecanismo de registro ex post.

Para ello la Subsecretaría de Telecomunicaciones ha llamado a una consulta pública a empresas y personas naturales para que se pronuncien sobre los alcances de esta propuesta hasta el 24 de mayo del presente año estará disponible el emitir comentarios y opiniones.