Responsabilidad de Bancos por no cerrar oportunamente una tarjeta de crédito

La Corte de Apelaciones de Chillán condenó al Banco BCI-Nova a pagar una multa de 5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes a $ 183.410, y una indemnización de $ 5.000.000 (cinco millones de pesos) por actuar negligentemente con una consumidora a la que no se le cerró oportunamente una tarjeta de crédito.

En fallo dividido (en causa rol 35-2009), el tribunal de alzada de la Región del Bío Bío determinó que el mencionado banco debe pagar las sumas señaladas por violar el artículo 13 de la Ley de Consumidor, en el caso de Claudia Montero Céspedes.

La mujer contrató en 2005 una tarjeta Visa con la mencionada entidad bancaria y, en enero de 2007, concurrió a cerrarla, porque se cambió a otra entidad; sin embargo, el cierre efectivo recién se produjo en noviembre de 2007. Además, en el periodo comprendido entre la solicitud de cierre y la caducidad efectiva, los antecedentes de la mujer fueron remitidos al boletín comercial Dicom por una supuesta deuda de poco más de $ 5.000 (cinco mil pesos) por una supuesta reactivación del instrumento que nunca se produjo.
El fallo determina que el Banco BCI-Nova mantuvo una conducta negligente con la consumidora al no determinar el cierre oportuno de la tarjeta y tuvo una actuación deficiente al enviar los antecedentes al boletín comercial.

“Que, por lo razonado precedentemente a juicio de estos sentenciadores, el Banco Nova incurrió en las infracciones contempladas en la Ley N° 19.496 en su artículo 12 que obliga a todo proveedor de servicios a respetar los términos, condiciones y modalidades conforme a las cuales se hubiere ofrecido o convenido con el consumidor la prestación del servicio, ya que la demandada no prestó el servicio comprometido resguardando los intereses de la actora al enviar una información errónea de morosidad al sistema financiero, en relación con el cobro de una reactivación de tarjeta de crédito, que antes se había cerrado, lo que también constituye una infracción al artículo 23 de la misma ley, ya que existió también una actuación deficiente de la denunciada, en la calidad del servicio que prestó, al incluir a la denunciante injustificadamente como morosa en el sistema financiero, sin haber tomado los resguardos mínimos de seguridad, para que ello no hubiese ocurrido”, dice la resolución.

El fallo acoge la demanda infraccional por daño moral a favor de la consumidora al considerar que sufrió daño o menoscabo por la notificación de la deuda inexistente, lo que provocó el bloqueo de otra tarjeta comercial en otra entidad bancaria y que no pudiera hacer efectivas compras con ese nuevo instrumento.
“Que, es indudable en el caso sub lite, la conducta del Banco demandado al informar una deuda morosa de la demandante, doña Claudia Montero Céspedes, que no existía al sistema financiero, genera una natural preocupación y aflicción que la actora no tenía porque padecer, estado de ánimo que fue corroborado con las declaraciones de los testigos, que atribuyeron a la situación generada a raíz de la información errónea evacuada por el Banco demandado”, afirma la sentencia.

Fuente: Poder Judicial

Un Intendencia para consolidar deudas

Avanza fuertemente el plan para que la Superintendencia de Bancos se haga cargo de la consolidación de las deudas a travésde a creación de una intendencia. Según el DF el superintendente de bancos, explicó que la autoridad bancaria no disponía de capacidad para asumir la supervisión de este proyecto de ley, hoy el panorama es otro, sobre todo porque el gobierno estaría ingresando la iniciativa legal al Congreso próximamente. De hecho, fue la subsecretaría de Hacienda ha señalado que la Superintendencia de Bancos sería el organismo supervisor de la consolidación de información comercial y financiera. Se ha señalado que la forma en que va a constituir dicha intendencia al alero de la SBIF y que el organismo regulador está estudiando el presupuesto que requerirá para poder ejercer la supervisión de la información comercial.

De lo que la prensa indica, aun no puedo encontrar cuál será el punto de protección para nosotros los ciudadanos, no podemos desconocer que estas iniciativas generar seguridad juridica en las transacciones comerciales, pero también no se puede desconocer la necesidad de generar mecanismos de resguardo y también de sanción para aquellas empresas que violen o mal utilicen los datos que entreguen las personas. Por otra parte, habrá igualdad de condiciones entre pasar los datos a las empresas del sistema financiero y la presión de obtener un crédito y renunciar al uso que se quiera dar esos datos. Me parece que los derechos en materia de datos deben ser irrenunciables para las personas.

El proyecto de Ley del Boletín Comercial

El Ministerio de Hacienda está preparando desde hace un tiempo u proyecto de ley que regular el Boletín Comercial creado por el D.S. N°950 de 1928. El Gobierno busca legislar sobre las bases de datos. Uno de los cambios es licitar el actual boletín comercial, gestionado por la Cámara de Comercio de Santiago y crear lo que se llamaría en un principio un registro central de riesgos y que hoy se denominaría "Registro Central de Obligaciones Económicas".

Fiscalización: será una Intendencia al interior de la Superintendencia de Bancos la que regulará todo el sistema de información comercial. En la actualidad, los aportantes de información son básicamente dos: las casas comerciales y los bancos. Eso se amplía. El nuevo pilar: el Boletín Comercial es reemplazado por un Registro Central de Obligaciones Económicas. El Recoe será licitado y gestionado por los privados. No podrá hacer pública por su cuenta toda la información que reciba. Sólo venderá a los denominados buros (como Dicom) información de la deuda en mora.

Mercado transparente: la deuda completa de una persona debe ser visada por el mismo deudor y no se informará de quiénes son los acreedores, sólo se identificarán áreas que aún no están definidas completamente. Se establecerán tarifas homogéneas para la venta de información.

Las personas deudoras serán las dueñas de su información de deuda vigente que no esté vencida o en mora. Es decir, la información positiva. El RCOE sólo podrá venderla a los buros (como Dicom) con consentimiento expreso del titular de la deuda y en caso de que la persona estime que tal visión de sus acreencias le permite mejorar su acceso al crédito. El Gobierno está empeñado en conseguir que esta entrega de información sea libre, y que no termine siendo obligatoria para la entrega de algún tipo de crédito. Las personas son sujetos de otros derechos que consagra el proyecto. Por ejemplo, pueden solicitar a un banco cuál fue la información utilizada, las fuentes, que se empleó para rechazar o aprobar un crédito. Hay derechos de rectificación y los informes dirán que tal corrección fue realizada. Además se establecen derechos de indemnización, en caso de mal uso de la información. Se creará un proceso administrativo, para que no sea tan costoso el sistema actual, que sólo resuelve la justicia.

Las mayores críticas provienen de las casas comerciales en contra de la consolidación de las bases de datos, quienes señalas que el Gobierno no reducirá el endeudamiento de las personas al publicar su comportamiento de pagos, sino que lo aumentará, puesto que muchos individuos que hoy no son atractivos para la banca, lo serán. Señalan que el costo de la iniciativa de Hacienda será evitar que los privados se autorregulen al meterse en medio de una pelea comercial.

El proyecto que enviará Hacienda al Congreso creará una base de datos que consolide toda la información de deuda de los chilenos (de bancos, casas comerciales y otros prestamistas), la cual será fiscalizada por una intendencia dependiente de la Superintendencia de Bancos. Esta información se consolidará en el Registro Central de Obligaciones Económicas (Recoe) -que será privado y licitado-, el cual podrá vender la información a burós de crédito.

Nueva ley del Boletín Comercial

El proyecto de ley del boletín comercial se decidió abordar después de más de 10 años de discusión y los elementos que han encendido la polémica, sobre todo en dos puntos son: licitar el Boletín Comercial y consolidar la información positiva y negativa de los deudores de la banca, del comercio y de todos los entes que otorguen créditos.

En entrevista a El Mercurio la Subsecretaria de Hacienda María Olivia Recart, luego de analizar durante seis meses los estudios encargados a CL Group y al Banco Mundial sobre la información comercial en Chile.

¿Cuál es la información que habría que entregar por ley?"Si una persona tiene un crédito, la casa comercial estaría obligada a entregar el monto de ese crédito, y si la persona es buena o mala pagadora. En segundo lugar, queremos definir una superintendencia que regule todo el sistema. Un supervisor".-

¿Cómo funcionará?"La información será regulada por el Estado. Será recibida y procesada por un licitado, y después vienen los privados (burós que comercializarán los datos)".-

¿Con esto se busca bajar los precios?"Se busca que haya un sistema que sea equitativo, parejo y homogéneo en sus condiciones, y que todos tengan acceso a la misma calidad y cantidad de información".

Protección de datos:

¿Cómo se protegerán los datos de las personas?"

Los datos de las personas van a ser protegidos, y los datos de las empresas van a ser protegidos, porque no se va a dar en ningún momento la identidad del acreedor del rut. Se va a ingresar el rut y se van a decir los montos por tipo de crédito, pero no saldrá quiénes son los acreedores. Aquí, lo que hay es un activo, la estrategia comercial de cada uno de los que ofrecen los créditos se basa en la perfección de los datos y en el análisis que ellos hacen de ese cliente. Entonces, en la medida en que esto se pone a disposición para que todos lo vean, deja de ser una estrategia comercial"."Otro plano que es muy importante es el plano del derecho de los titulares. Nosotros vamos a permitir, en primer lugar, que tengan la posibilidad de poder consultar una vez al año y gratis. Como mínimo. Se podrá además rectificar información errada. Si tiene un problema, se puede rectificar y eliminar dando cuenta de que hay una aclaración".

Es importante considerar que si se crea un organismos independiente, este no puede ser un superintendencia, ya que debe ser un ente independiente, donde no hay intervención del Poder Ejecutivo.

Boletín Comercial, ¿hacia una licitación? ¿Cómo cuidarán mis datos?

Vaya hoy viernes he leido en el Mercurio que tras un informe solicitado por el Ministerio de Hacienda a CL Group y al Banco Mundial respecto del sistema de información financiera chilena este Ministerio está preparando un proyecto de ley para transparentar la información financiera. ¿El Ministerio transparentará sólo la información negativa? El origen del proyecto es terminar con el Monopolio que tiene en virtud del DS. 950 la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) respecto de la elaboración del Boletín Com ercial.

La idea es estandarizar la información del crédito, facilitar a las personas el monitoreo de su propia información, rebajar los costos de transacción y permitir la entrada de nuevos competidores al mercado de la información, entre otros. Sin embargo, el informe considera que se debe mantener un esquema de información centralizada, porque está arraigado en Chile, es aceptado y funciona.

Lo que más preocupación me da es que el estudio cree necesario que todas las entidades que otorgan créditos entreguen información positiva de sus deudores: no sólo que reporten cuando las personas caen en mora, sino también que transparenten el nivel de endeudamiento de los consumidores. ¿Pero que pasa con las personas? Acaso creen que serán capaces de hacer frente al nivel de ofertas que recibirán, ¿regulamos en Chile la protección de nuestros datos? La respuesta es NO y en nuestro país no existe una institucionalidad en materia de protección de datos y el no considerar nuestra AUTODETERMINACION INFORMATIVA es un riesgo para las personas pero un beneficio para el sistema.

TDLC emite fallo a favor de la CCS

El TDLC ha pronunciado un fallo a favor de la CCS por los cobros de su Boletin Comercial. Fiscalía Nacional Económica (FNE) y la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) en el marco del requerimiento presentado por la entidad fiscalizadora ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) por el cobro en las "aclaraciones" que realiza la CCS en el Boletín de Informaciones Comerciales (BIC).

En los alegatos la FNE trató de probar que la CCS "ha incurrido en un abuso de posición de dominio, reflejado en el cobro oportunístico que ha desarrollado en la fijación arbitraria de tarifas, con motivo del sistema tarifario implementado por esa entidad para la aclaración de documentos y efectos comerciales protestados, prevaliéndose de la inexistencia, en el mercado, de un contrapeso competitivo que logre contrarrestar su posición monopólica, determinada por diversas circunstancias, vulnerando así las normas contempladas en la Ley de Defensa de la Libre Competencia". La entidad fiscalizadora solicitó al TDLC que "intime a la requerida (CCS) para que en el futuro se abstenga de cobrar por las aclaraciones de documentos protestados y deudas impagas, imponiéndole las multas correspondientes y otras medidas que se solicitan en el requerimiento.

En el caso de las aclaraciones, desde el punto de vista del moroso, no existen sustitutos. Para él la única base de datos relevante es el BIC, ya que las otras bases de datos se construyen con la información de éste, por lo que puede aparecer borrado en cualquiera de las otras bases de datos, pero si no regulariza su situación con la CCS seguirá apareciendo en el BIC, con lo cual mantendrá su calidad de moroso, a pesar de haber normalizado la situación con su acreedor, lo que conllevaría, además, el incumplimiento de la ley por la CCS al comunicar un registro que no responde a la veracidad de la situación real del titular del dato ( artículo 9°, inciso 2°, de la Ley 19.628). Este es el motivo principal por el cual la CCS obliga a pagar por aclarar, siendo indiferente cuánto varíe el precio de las aclaraciones, pues para el demandante no existe posibilidad de sustitución.

Sin embargan en sentencia emitida el 27 de junio pasado el TDLC señaló que en uno de sus considerando: Que, a juicio de este Tribunal, el hecho de que las aclaraciones sean realizadas por ex-deudores morosos en agencias de la CCS -en contravención con la modalidad prevista por el legislador- impone mayores costos y resta eficiencia al sistema de informaciones comerciales. Por un lado, el ex-deudor moroso debe asumir el costo adicional de concurrir a una agencia de la CCS paraacreditar el pago de su deuda, y por otro, la CCS debe destinar mayores recursos en personal e infraestructura para proveer el servicio de aclaraciones en ventanilla, lo que redunda en mayores tarifas. Lo anterior, además, perjudica la calidad del sistema de información comercial, toda vez que, según consta en la declaración testimonial de fojas 360 y siguientes, existen numerosos incumplimientos que han sido regularizados frente al acreedor pero que permanecen vigentes en el BIC.

Pueden tener acceso a la sentencia completa desde aquí