Durante el año 2009 Chile tendrá elecciones presidenciales y durante los próximos meses estaremos presenciando las propuestas de cada unos de los candidatos que representan tanto al Gobierno como a los partidos de oposición. Sin embargo, están en discusión varios temas
Según el Consejo de Innovación instaurado en el actual Gobierno, el Estado debiera tener un rol activo a través de la creación de políticas públicas que tengan por objetivo aumentar el nivel de penetración de banda ancha, como lo han hecho otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde el gobierno ha sido un actor fundamental para cerrar las brechas conectividad. Se pretende que el Estado debiera subsidiar, por ejemplo, la conectividad y el acceso a banda ancha para sectores de bajos recursos a través del Fondo de Desarrollo para las Telecomunicaciones.
Para fortalecer el acceso a Banda Ancha para los próximos años se proponen cinco pilares fundamentales, que son los siguientes:
Promoción de mercados eficientes a través del desarrollo de un modelo regulatorio de acceso abierto en banda ancha. Este modelo de “open access” puede aplicarse en el país regulando las telecomunicaciones a partir de la distinción entre: a) servicio a público, y b) servicio de transporte de señales, que es aquel asociado a la infraestructura y respecto del cual se mantienen las economías de escala significativas que han justificado la fijación de tarifas por parte de la autoridad desde la dictación de la Ley General de Telecomunicaciones14. Desde la perspectiva de esta ley, es posible contar con un arreglo concesional que se haga cargo de esta distinción. Ello se logra mediante:
a) concesiones de servicio público de telecomunicaciones, como la telefonía, que
habiliten a las compañías respectivas a prestar sus servicios a público en un régimen de mayor libertad tarifaria, utilizando la infraestructura de de terceros
b) Concesiones de servicio intermedio de telecomunicaciones que amparen la infraestructura de acceso (la red) y mediante las cuales se presten servicios de transporte de señales a las concesionarias de servicio público y a otros prestadores de dicho servicio u otros en competencia, con precios que remuneren sus costos medios15. Este modelo requiere que el concesionario de servicios intermedios mantenga una oferta de facilidades abierta y no discriminatoria para otras compañías que requieran los servicios de transporte y/o conmutación de señales. Esta oferta debe incluir los servicios necesarios para acceder a los nodos de las compañías16, más los servicios de acceso al cliente final, cobrando por ello “peajes” de acceso como los que operan hoy en el sistema eléctrico. Como resultado de la aplicación de esta propuesta, las compañías que requieran acceso a los usuarios dispondrían de una solución de acceso abierto (“open access”), no discriminatoria y a tarifas ajustadas a los costos medios de proveer dicho servicio para el incumbente. Por su parte, la telefonía local podrá ser prestada en condiciones de competencia, sujeta a las condiciones que decida imponer la autoridad en dicho mercado, sin dañar la débil competencia en el mercado de banda ancha. Así, se podría establecer la libertad tarifaria en servicios de voz, sujeta al otorgamiento de concesiones de servicios intermedios regulados de acceso abierto, a la empresa que tenga las redes con características de monopolio natural. La empresa con la concesión de los servicios de infraestructura, si deseara prestar servicios de valor agregado como telefonía o acceso a Internet, debería crear una compañía separada.
Según el Consejo de Innovación instaurado en el actual Gobierno, el Estado debiera tener un rol activo a través de la creación de políticas públicas que tengan por objetivo aumentar el nivel de penetración de banda ancha, como lo han hecho otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde el gobierno ha sido un actor fundamental para cerrar las brechas conectividad. Se pretende que el Estado debiera subsidiar, por ejemplo, la conectividad y el acceso a banda ancha para sectores de bajos recursos a través del Fondo de Desarrollo para las Telecomunicaciones.
Para fortalecer el acceso a Banda Ancha para los próximos años se proponen cinco pilares fundamentales, que son los siguientes:
Promoción de mercados eficientes a través del desarrollo de un modelo regulatorio de acceso abierto en banda ancha. Este modelo de “open access” puede aplicarse en el país regulando las telecomunicaciones a partir de la distinción entre: a) servicio a público, y b) servicio de transporte de señales, que es aquel asociado a la infraestructura y respecto del cual se mantienen las economías de escala significativas que han justificado la fijación de tarifas por parte de la autoridad desde la dictación de la Ley General de Telecomunicaciones14. Desde la perspectiva de esta ley, es posible contar con un arreglo concesional que se haga cargo de esta distinción. Ello se logra mediante:
a) concesiones de servicio público de telecomunicaciones, como la telefonía, que
habiliten a las compañías respectivas a prestar sus servicios a público en un régimen de mayor libertad tarifaria, utilizando la infraestructura de de terceros
b) Concesiones de servicio intermedio de telecomunicaciones que amparen la infraestructura de acceso (la red) y mediante las cuales se presten servicios de transporte de señales a las concesionarias de servicio público y a otros prestadores de dicho servicio u otros en competencia, con precios que remuneren sus costos medios15. Este modelo requiere que el concesionario de servicios intermedios mantenga una oferta de facilidades abierta y no discriminatoria para otras compañías que requieran los servicios de transporte y/o conmutación de señales. Esta oferta debe incluir los servicios necesarios para acceder a los nodos de las compañías16, más los servicios de acceso al cliente final, cobrando por ello “peajes” de acceso como los que operan hoy en el sistema eléctrico. Como resultado de la aplicación de esta propuesta, las compañías que requieran acceso a los usuarios dispondrían de una solución de acceso abierto (“open access”), no discriminatoria y a tarifas ajustadas a los costos medios de proveer dicho servicio para el incumbente. Por su parte, la telefonía local podrá ser prestada en condiciones de competencia, sujeta a las condiciones que decida imponer la autoridad en dicho mercado, sin dañar la débil competencia en el mercado de banda ancha. Así, se podría establecer la libertad tarifaria en servicios de voz, sujeta al otorgamiento de concesiones de servicios intermedios regulados de acceso abierto, a la empresa que tenga las redes con características de monopolio natural. La empresa con la concesión de los servicios de infraestructura, si deseara prestar servicios de valor agregado como telefonía o acceso a Internet, debería crear una compañía separada.
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