En el último tiempo hemos visto casos en que un Congresista de EE.UU publica fotos personales poco decorosas por internet o caso de periodistas que publica comentarios sobre sus jefes, o Ministros de Estado que hacen comentarios poco pertinentes.Iniciar la sesión en Twitter después de un encontronazo con el jefe o buscar en el muro de Facebook un desahogo tras una jornada laboral poco reconfortante pueden ser decisiones fatales. A las redes sociales las carga el diablo porque, a diferencia de otros medios, la frontera entre lo privado y lo público está tan desdibujada en ellas que resulta casi imposible discernir si un comentario crítico sobre la empresa para la que trabajamos forma parte de la libertad de expresión en la esfera de la intimidad o ser considerado como un acto de indisciplina.
Un tuit ácido contra un superior u otro en el que se critique las condiciones laborales pueden suponer una sanción o el despido. La poca edad de las redes sociales impide que exista una legislación concreta sobre la materia. Así que se va acumulando una jurisprudencia fruto de sentencias aisladas, muchas de ellas contradictorias, por el uso inadecuado de estos poderosos instrumentos de comunicación.
Fuente: El País
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