El 83% de organismos públicos españoles tiene instalado algún tipo de software abierto, aunque el porcentaje de implantación (15,7%) palidece aún ante la supremacía de los programas propietarios (84,3%), según los datos de 2011 de Cenatic (Centro Nacional de Referencia de la Aplicación de las TIC basadas en fuentes abiertas). Como explica su director, Miguel Jaque, España es medalla de plata en Europa en la apuesta por este tipo de programas, tras Francia si el estudio lo hace la comunidad 'linuxera' RedHat, con fuerte peso en el país galo, y tras Alemania si quien lo realiza es KDE, de creación germana.
La clave española, un país con comunidades de desarrollo mucho menos avanzadas que sus vecinas europeas, es que "hemos aplicado más rápidamente las directrices europeas en nuestra legislación", argumenta Jaque. Pero no nos engañemos: queda mucho camino por recorrer. Iniciativas como la que recoge la plataforma Actuable, que busca firmas para que el Congreso deje de gastar un millón de euros en licencias, reclaman que la administración de un paso al frente.
Razones materiales no faltan. El costo de las licencias se elimina -imaginemos lo que eso supone sólo en el ordenador de trabajo de cada uno de los miles de funcionarios-, pero lo que se vende y se compra en la era de lo intangible no es un CD, es el servicio. Por eso, los programas libres también son negocio. CatPL es una asociación catalana de empresas informáticas con dos cosas en común: todas han crecido pese a la crisis y todas se dedican al software libre. Y es que, aunque es más barato en la mayoría de casos, implementar programas abiertos en la administración no es gratis.
El primer gasto es el costo de migración. La herencia de la compra de licencias en muchos departamentos pesa como una losa, por inercia y por los costes que acarrea cualquier cambio.
Fuente: El Mundo
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