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martes, 6 de septiembre de 2011
¿Qué pasa si te suplantan en twitter?
Para detectar una cuenta falsa, hay varios indicadores que ofrecen pistas para saber si se está frente a una suplantación de identidad: el uso del lenguaje o la ortografía; la fecha de creación del perfil; el número de seguidores (si tiene pocos puede reflejar el engaño) o enlaces desde páginas oficiales.
Sin embargo, el método más conocido hasta hace poco era el de la "cuenta verificada", lo que implica el reconocimiento de Twitter por ser un personaje popular y masivo. Este procedimiento, aunque actualmente se encuentra disponible sólo para socios o anunciantes de la red social, aún mantiene a personalidades mundiales con un símbolo característico, representado por una insignia de color celeste. Claro que este sistema no garantiza que sea la misma persona quien administra el perfil, pero sí se asegura que sea su cuenta oficial.
Si bien Twitter considera la suplantación de identidad una violación a los términos de privacidad y condiciones de uso, sí permite las imitaciones o parodias, siempre que dejen en claro su naturaleza y no incurran en declaraciones o posteos perjudiciales para el usuario real o confunda al resto de sus seguidores.
Fuente: La Tercera
miércoles, 1 de septiembre de 2010
Corte Suprema dicta sentencia por robo de identidad
La Ex. Corte Suprema condenó al fisco a pagar más de $159 millones por error en entrega de carné que derivó en una suplantación de identidad. Una millonaria indemnización de 7.500 Unidades de Fomento (UF), que equivalen a 159 millones 760 mil 725 pesos tendrá que pagar el fisco porque el Registro Civil renovó la cédula de identidad a una persona equivocada que suplantó a Andrés Claudio Godoy Díaz. La decisión fue adoptada en un fallo unánime por los ministros de la Tercera Sala de la Corte Suprema, Héctor Carreño, Pedro Pierry, Sonia Araneda, Haroldo Brito y el abogado integrante Benito Mauriz, quienes rechazaron la casación presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Godoy regresó en 1990 desde Francia, donde estuvo exiliado, y adquirió una propiedad en Valparaíso con un valor comercial de 34 millones de pesos.
El subcontratista de construcción -casado y con tres hijos-, en junio de 1996 concurrió a la oficina del Registro Civil de Hualqui, Región del Biobío, para renovar su cédula de identidad, donde se le informó que no le otorgarían el documento ya que lo habría renovado en mayo de 1995, en la oficina de Valparaíso.
Sin embargo, por "error" se le había entregado el mismo número de cédula a otra persona, la que se presentó con su nombre. Tras una investigación se determinó que se trataba de Leonel Alberto Sánchez Otth, quien utilizó el documento para adquirir numerosas deudas y en los ilícitos de giro doloso de cheques. En Dicom figuraba una deuda por 40 millones de pesos.
Incluso, su vivienda apareció hipotecada a favor de otra persona, por reconocimiento de deuda suscrita el 29 de diciembre de 1995 ante notario por la suma de $4.982.487, para cancelar una deuda contraída por su suplantador y además llegó a registrar 26 órdenes de aprehensión en su contra y 11 órdenes de arraigo.
Producto de la mala utilización del carné de identidad, Andrés Godoy Díaz fue detenido entre el 30 de agosto y el 8 de septiembre de 1998 en la cárcel de Valparaíso, recinto en el que fue golpeado por reos comunes, lo que le ocasionó lesiones en una mano.
Según la demanda, por estos hechos Andrés Godoy Díaz ha sido rechazado por su hijo y personas de su círculo; lleva dos años y medio sin trabajo y mantiene antecedentes "por giro doloso de cheques y manejo en estado de ebriedad, y aparece como deudor del sistema".
En el fallo, la Suprema sostiene que el Servicio de Registro Civil es responsable por "falta de servicio" al entregar una cédula a quien la utilizó para realizar las conductas "que provocaron los perjuicios morales y patrimoniales".
La Corte Suprema rechazó la casación del Consejo de Defensa del Estado, ya que sostiene que fue una "actuación negligente", y que la "imprudencia" del organismo fue determinante para "la producción de los daños, de manera que al resolver los jueces de la manera que lo hicieron no han incurrido en el error de derecho que se les imputa".
EL Consejo de Defensa del Estado argumentó que no había "falta de servicio", ya que se "prestó debidamente, con estricta sujeción a los procedimientos administrativos habituales para estos trámites. Si este procedimiento culminó con la entrega del documento identificatorio a una tercera persona, ocurrió porque la administración fue inducida a error".
En una parte del fallo es interesante ver cómo la Ex. Corte Suprema señala:
“La actuación negligente del Servicio de Registro Civil fue la causa necesaria y directa de los daños que sufrió el actor, que fueron establecidos en autos. En efecto, fue justamente la entrega que este Servicio hizo de una cédula con la identidad del demandante a un tercero el medio que este último utilizó para realizar las conductas que provocaron los perjuicios
Preso
10 días estuvo Claudio Godoy privado de libertad por delitos que no cometió, luego que suplantaran su identidad.
Fuente: El Mercurio
martes, 27 de abril de 2010
Más sobre "robo de identidad o usurpación de nombre"

La usurpación de nombre, delito tipificado en el Código Penal, no es algo que sólo afecte a gente conocida. En la PDI pesquisan casos de todo tipo. Los más comunes son ex pololas que buscan venganza.
Las denuncias van desde hombres que ponen el nombre de su "ex" en páginas de prostitución, hasta mujeres que se quedan con las claves de Facebook de sus ex parejas y escriben mensajes del tipo "soy impotente" o "salí del clóset, soy gay".
Hay temas más complejos, como los hackeos a cuentas de correos con el objetivo de usar el nombre de la víctima para solicitar dinero y estafar a los contactos del dueño del e-mail.
El aumento de denuncias va de la mano del mayor acceso a internet de los chilenos y la gran popularidad que tienen las redes sociales, como Facebook o Twitter, una de las maneras de evitar tener problemas dice relación con conectarse desde lugares seguros.
Quienes cometan este delito arriesgan una pena que fluctúa entre los 61 y 541 días de cárcel.