La decisión significa un reconocimiento de las principales autoridades en protección de datos, a nivel iberoamericano, y un apoyo al esfuerzo por sacar adelante una ley que sobre el tema incorpora los más altos estándares internacionales. Además, ayudará a posicionar al país como un puerto seguro para el tratamiento de datos, tanto de nacionales como de extranjeros, fortaleciendo la demanda de prestación de servicios de tercerización de procesos a distancia, más conocidos por sus siglas en ingles como BPO&O (Business Process Outsourcing). Así mismo, abre mayores posibilidades a Colombia como destino del ITO (IT servicess).
Formar parte de ese comité se constituye en un hecho de confianza en Colombia, que sirve como razón adicional para el estudio de aprobación del proyecto de Ley, que el Congreso se encuentra adelantando. Dicho proyecto ya fue debatido en primera instancia en la Comisión I de Cámara de Representantes, el 14 de septiembre de 2010 y fue aprobado por unanimidad.
Desde el 2009, un equipo interinstitucional se viene reuniendo con las principales autoridades internacionales y expertos en protección de datos, para garantizar que el proyecto se convierta en líder en la región, en lo que tiene que ver con el tratamiento de datos personales. El objetivo de la ley es regular, por primera vez y de manera integral, el derecho constitucional que tienen los colombianos a conocer, actualizar y rectificar cualquier tipo de información que sea objeto de tratamiento por parte de una autoridad pública o una empresa privada.
No es menor el avance logrado por este país, en Chile tenemos que seguir aprendiendo de experiencias internacionales y en particular la desarrollada en Colombia que nos permitirá ir posicionando el tema de protección de datos aun no cubierta por la ley 19.628 que adolece de serias debilidades.
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