Seguridad de la información en la empresa

Cada vez me encuentro que las empresas tratan de este tema sin entender completamente, porqué no tienen una mirada integral. El riesgo siempre está presente, pero no logran identificar los obstáculos ni generar acciones para mitigarlo. Generalmente existe una persona responsable en las grandes empresas, pero su rol debe ser asumido por toda la organización y la primera falla con que nos encontramos es que no existe la cultura de control ni de conocimiento de esta material Permanentemente se cometen errores. Eso nos lleva a pensar que el tema de la seguridad no es enseñando en los programas universitarios o técnicos y que requiere ser entendido como el rol que deben asumir las empresas para proteger toda la información que manejan. No es posible desconocer que este es un mundo nuevo, que requiere se enfrentado con equipos multidisciplinarios que entiendan que los cambios de la organización impactan y que la seguridad es uno de los grandes cambios. El rol del OSI oficial de seguridad de la información es relevante, pero también lo será la conciencia que tenga de su existencia el directorio y las facultades de se den para hacer seguimiento a sus acciones. Los directores de las empresas cada vez más asumen sus roles y tienen clara su responsabilidad civil, pero también deben traspasar sus temores al sector productivo de la empresa para que tomen conciencia de los riesgos a los que están expuestos.

Reforma de notarios y conservadores

Una de las modificaciones centrales será la creación de un nuevo registro, unificado y sistematizado, que permitirá reducir en un 50% los costos de los estudios de títulos, calculan en el gobierno, y reducir tiempos y plazos de elaboración.

 El costo de inscripción de una propiedad en el Conservador de Bienes Raíces equivale al 0,2% del valor del bien raíz, con un tope de $ 256.000. Cada certificado necesario para el estudio de título varía de $ 2.000 a$ 5.000. Además, la escritura que se inscribe ante un notario equivale al 0,1% del valor de la venta, con un tope de $128.000. Si la compra es con crédito hipotecario, hay que agregar la tasación y la inscripción de la hipoteca; es decir, unos $ 200.000 extra. A ello se suma el costo de un estudio de títulos estándar que, sin complicaciones, puede costar de $ 100 mil a $ 300 mil si lo hace la fiscalía de un banco o más si es un abogado privado. Este ítem es el que más bajará con la reforma.

 En resumen, para una propiedad de $ 100 millones, el costo de la transacción o transferencia de dominio oscila entre $ 600.000 y $ 700.000, estiman en el Ejecutivo. Esa cifra podría reducirse en torno al 15% con la reforma y la baja en el precio de los estudios de título. Sistema actual El sistema notarial y registral chileno ordena que todos los actos jurídicos sobre una propiedad, como transferencias o revisión de títulos de dominio, sean registrados en un libro según año, foja y número de inscripción. Esto impide consolidar la información por inmueble, generando miles de carpetas que administra el Conservador de Bienes Raíces, que cobra por cada inscripción, pero también por cada documento necesario para revisar y reconstruir su historial.

 Fuente: La Tercera

El Parlamento Europeo alerta contra la posibilidad de que la ONU 'controle' Internet

La razón de este toque de atención es que, en menos de un mes, la comunidad internacional tratará de sacar adelante un nuevo tratado sobre comunicaciones. De hecho, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) está organizando la conferencia para redactar el nuevo tratado, entre el 3 y el 14 de diciembre en Dubai.

Según informa la cadena BBC, la prensa rusa ha sugerido el Kremlin y otros gobiernos propondrán, entre otras medidas, que el control del sistema de números y nombres de Internet, actualmente en manos de la organización estadounidense ICANN, pase a manos de una agencia de la ONU.

Los europarlamentarios consideran que no es "apropiado" que la UIT tenga autoridad al respecto. De hecho, desde la Eurocámara se insta a los Estados miembros de la UE a rechazar cambios en el Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales (RTI) que "afectan negativamente el Internet, su arquitectura, las operaciones, el contenido, la seguridad, las relaciones comerciales, la gobernanza de Internet y el libre flujo de información en línea" (PDF).

Este reglamento está pensado para garantizar la interoperabilidad de los equipos de telecomunicaciones y servicios en todo el mundo, y fue revisado por última vez en 1988. En esta ocasión, su revisión ha sido criticada por haber sido impulsada casi en secreto.


A continuación pueden ver un video que busca mantener la independencia de internet y que no caiga bajo el control de la UIT





Fuente: El Mundo

Informe de Transparencia de Google

Google ha publicado un nuevo Informe de Transparencia sobre las solicitudes de información sobre usuarios de organismos gubernamentales y de tribunales de todo el mundo. En la última edición, EEUU continúa siendo el país que más solicitudes de información sobre usuarios pide a la compañía de Mountain View, con un total de 7.969 peticiones, seguido de India y Brasil.

El gigante de Internet comenzó a realizar este Informe de Transparencia a principios de 2010 con una periodicidad semestral. Según asegura Google en su blog oficial, este informe comenzó a realizarse debido a que para la compañía es importante hacer ver "cómo las acciones del gobierno podrían afectar nuestros usuarios".

Según los datos del último informe se puede apreciar que la vigilancia de los Gobiernos va en aumento. En el primer semestre de 2012 se produjeron 20.938 consultas de las entidades gubernamentales de todo el mundo. Dichas solicitudes fueron para obtener información sobre 34.614 cuentas. En primera posición se encuentra Estados Unidos con 7.969 solicitudes de datos para obtener información de 16.281 cuentas. En comparación con el semestre anterior -de julio a diciembre de 2011- la cifra ha aumentado, ya que en este periodo la cifra de solicitudes era de 6.321.

En el informe, Google aclara que las solicitudes gubernamentales de datos de usuarios de Estados Unidos incluyen las emitidas por los organismos estadounidenses en nombre de otros gobiernos, en cumplimiento de tratados de asistencia jurídica mutua y otros mecanismos diplomáticos. En segunda posición se encuentra la India ,con 2.319 solicitudes sobre 3.467 cuentas, seguida de Brasil con 1.566 solicitudes de 2.640 cuentas.

Las siguientes posiciones están ocupadas por países europeos. En la cuarta, quinta y sexta posición se encuentran Francia (1.546 solicitudes de 1.880 cuentas); Alemania (1.533 solicitudes de 2.007 cuentas); y Reino Unido (1.425 solicitudes de 1.732 cuentas). En el caso de España, en el primer semestre de 2012 realizó 531 solicitudes sobre 1.037 cuentas.

Según asegura Google la información divulgada es sólo una parte aislada que muestra cómo los gobiernos interactúan con Internet, ya que en su mayor parte no conocen qué solicitudes se hacen de otras empresas tecnológicas o de telecomunicaciones. Pero en el último año, aseguran, más empresas como Dropbox, LinkedIn, Twitter y Sonic.net han comenzado a compartir sus estadísticas también. "Nuestra esperanza es que con el tiempo, más datos impulsarán el debate público sobre la mejor forma de mantener una Internet libre y abierta", concluye Google. 

Fuente: La Vanguardia

Hacia el desarrollo del país

Es un hecho que Chile debe seguir avanzando, pero no sobre la base de la explotación de sus recursos naturales que de manera intensiva han sido la base del desarrollo durante los últimos años. Hoy se hace necesario avanzar hacia la mejora de los niveles de productividad y mejorando a través de la innovación de los servicios. Chile es una gran plataforma de servicios para el mundo y las pymes son la oportunidad para generar los cambios estructurales necesarios para avanzar hacia ese desarrollo.

Nuestro país debe generar políticas de desarrollo que estén basadas en la construcción de un capital humano más preparado, actualmente tenemos una importante fuerza laboral que está inserta en el mercado laboral llegando a importantes cifras de casi pleno empleo. Nuestra fuera laboral supera los 7.4 millones de trabajadores, pero no más de 45% ha terminado el Cuarto Medio. Es en este contexto que se requiere formar este capital humano que hoy está inserto en los diversos sectores productivos para darles herramientas para que aumenten su productividad, a ellas les llamamos competencias, entendiéndose como el conjunte de habilidades, destrezas y actitudes que deben tener las personas para desarrollarse en el sector productivo y que sean certificables.
El restringido acceso a fuerza laboral calificada es otro gran problema que afrontan las pymes. De hecho, 37% de las empresas de menor tamaño en la región creen que encontrar trabajadores bien formados es uno de sus principales obstáculos. Esta cifra es superior a la media global y a la de otras regiones en desarrollo. Los países de América Latina se beneficiarían del establecimiento o fortalecimiento de una estructura institucional y de esquemas de incentivos para que las pymes puedan capacitar a su personal.

La creciente provisión de servicios financieros por parte de los bancos de desarrollo está permitiendo progresos en el sector, destacándose el programa Innovar de la Financiadora de Estudios y Proyectos de Brasil (FINEP), así como la labor del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de ese país; el Programa de Emprendedores de la Nacional Financiera (NAFIN) de México; y la Red Capitalistas Ángeles de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) de Chile. Más programas como estos deben ser desarrollados y ampliados, dicen la CEPAL y la OCDE.

El uso más intensivo de las TIC puede ayudar a que las pymes eleven su competitividad, se inserten con menores costes en los mercados internacionales y mejoren su gestión. Más allá de los teléfonos fijos y celulares, hay aún importantes brechas entre las pequeñas y medianas empresas y las grandes firmas en el uso de tecnologías más avanzadas, como poseer sitio web o intranet y tener acceso a banda ancha.

El desafío no es menor y el desafío es relevante para estar presente en el contexto de cambio que nuestro país debe enfrentar para avanzar hacia un desarrollo y aumento de la productividad que generar sin lugar a dudas un mejor nivel de crecimiento pero también de acceso a oportunidades. 

La ley con que Estados Unidos vigilará las platas de sus ciudadanos en todo el mundo

El 18 de marzo de 2010, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que pasó prácticamente inadvertida a pesar del impacto que tendrá en los próximos años para los mercados internacionales: la denominada ley FATCA ( Foreign Accounts Tax Compliance Act) . Esta polémica norma extraterritorial permitirá al gobierno de ese país conocer las cuentas bancarias, depósitos e inversiones de los ciudadanos estadounidenses y extranjeros regidos por las leyes americanas, sin importar el país en el que se encuentren.
En la práctica, eso significa que la protección de datos privados y secreto bancario -piedras angulares del sistema financiero chileno, por ejemplo- ya no tendrán efecto cuando se trate de quienes se rijan por las normas tributarias estadounidenses (ya sea personas naturales o jurídicas).

Con esto, el gobierno de ese país pretende limitar las vías de financiamiento de actividades ilícitas, como el narcotráfico y el terrorismo, y asestar un golpe a la evasión tributaria, recuperando unos US$ 8 mil millones al año.

La norma afecta a todos los bancos, corredoras de bolsa y compañías de seguros que, en cualquier lugar de mundo, hagan operaciones por cuenta de clientes estadounidenses, extranjeros con doble nacionalidad y ciudadanos con green card (tarjeta de residencia permanente).
Además, la obligación de informar no sólo afecta a las personas. Una cuenta a nombre de una empresa, como puede ser una sociedad de inversión en la que un ciudadano americano tenga más del 10%, está sujeta a declaración para efectos de FATCA.

Fuente: El Mercurio

Sentencia en Zaragoza; no hay delito en ciertas modificaciones de consolas

Una sentencia de la Audiencia de Zaragoza no sólo desestima un recurso de la patronal de videojuegos aDeSe contra la absolución de los responsables de varias tiendas, sino que además absuelve a los dos condenados en primera instancia de una falta contra la propiedad intelectual.

El caso se remonta a 2007, a raíz de una redada en varios locales y tiendas de videojuegos del centro comercial El Caracol de Zaragoza. En concreto, en las tiendas Quinta Dimensión Virtual, Videojuegos Star Games y Hobby Juegos). Entonces, resultaron detenidos dueños, empleados y dependientes de los establecimiento.

Por aquel entonces, una cliente compró una consola PSP de Sony anunciada como oferta con cinco juegos, pero no funcionaba correctamente. Más tarde se comprobó que había sido manipulada para vulnerar los sistemas anticopia y que los juegos grabados en su memoria eran copias de los originales. Esta cliente procedió a denunciar,la Policía informó a aDeSe de esta denuncia, y la patronal interpuso a su vez su denuncia.

En el primer juicio, cuya sentencia se dio a conocer en mayo pasado, la acusación pedía penas de dos años de prisión para los encargados y dependientes de estos establecimientos, e indemnizaciones a favor de aDeSe por importe de más de 10.100 euros.

Según esa sentencia, sólo uno de los acusados llegó a un acuerdo y pactó una condena de un año de prisión, una multa de 1.080 euros y una indemnización a favor de aDeSe de 450 euros. Los demás acusados fueron absueltos menos dos, condenados por una faltapor la que tenían que pagar una multa de 360 euros e indemnizar a la cliente con 290 euros.

Fuente: El Mundo

Contenidos y convergencia tecnológica

No podemos desconocer que el avance de la tecnología ha cambiado la forma en que nos vinculamos con los contenidos estos pasaron de tener un uso unidireccional a uno donde las personas intervienen tanto en su generación como en su difusión.  Por lo tanto el  cambio no es menor. Por otra parte, la industria de las telecomunicaciones comienza a entender que son los contenidos lo que es es el factor de diferenciación y que permite agregar valor a las organizaciones.

Allí encontramos nuevas líneas de oportunidades y de desarrollo para este sector. Entonces el uso de las tecnologías en las diversas plataformas se transforma en un factor atractivo par generar oportunidades  pero también nos obliga cambiar y a revisar el modelo de negocio que se ha estado utilizando. Serán los creadores que a través de su innovación, desarrollo y espíritu emprendedor van generando nuevos contenidos y el derecho no puede estar aislado de ellos.


La disciplina jurídica que lo regula, el Derecho del Entretenimiento, es una gran desconocida a día de hoy en la mayoría de facultades y escuelas de negocio de nuestro país; no así en otros  entornos culturales y legales, donde se constituye ya como asignatura autónoma. Materias como la Propiedad Intelectual e Industrial, el Juego, el Audiovisual, Internet y las Nuevas Tecnologías o
las Redes Sociales son materias y ámbitos que tienen encaje jurídico propio en esta disciplina, que cuenta cada día con más profesionales que se dedican a ello. Hablamos en definitiva de la revolución de una industria y una disciplina que no pueden ya regirse por patrones tradicionales, y que hace necesaria la adaptación de los modelos de negocio y la consiguiente
especialización de los profesionales que han de formar parte de ellas.

Agencia Española de protección de datos pide

La Agencia de Protección de Datos (AEPD) ha propuesto al Gobierno incorporar al DNI electrónico de los menores de 14 años un certificado de autentificación, con el fin de poder verificar su edad y evitar así que se registren en las redes sociales sin el consentimiento de sus padres.

Así lo ha anunciado el director de la AEPD, José Luis Rodríguez, durante su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso, en la que está analizando asuntos de actualidad como el tratamiento de datos de menores en entornos on line, la cancelación de datos en Internet y el denominado "derecho al olvido".

La legislación española no permite el tratamiento de los datos de menores de 14 años, salvo que cuenten con el consentimiento de los padres o tutores, pero la verificación del cumplimiento de este requisito en los servicios ofrecidos por internet, sobre todo en las redes sociales, está planteando "muchas dificultades prácticas".


Fuente: El Mundo.es

CORTE SUPREMA RECIBE TESTIMONIO EN PROCESO DE EXTRADICIÓN POR SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA DESDE TRIBUNAL

Una inédita diligencia de cooperación internacional se desarrolló –por la tarde del miércoles 7 de noviembre de 2012- en las dependencias de la Corte Suprema, en un proceso de extradición pasiva que tramita la ministra Rosa María Maggi.

Por primera vez se realizó una audiencia testimonial, a través de una  videoconferencia, de dos testigos que se encontraban en el 18° Juzgado Penal de Lima y  que prestaron declaración en el proceso de extradición de la ciudadana peruana Rosa Luz Pumar Galdós.

En la audiencia, que encabezó la ministra Rosa María Maggi, participó el Ministerio Público de Chile, en representación del Estado requirente; la Defensoría Penal Pública y la propia requerida; todas las partes pudieron seguir y apreciar los testimonios prestados por los testigos que se encontraban en el tribunal peruano.

En Lima, la jueza Sonia Salvador Ludeña fue la encargada de formular a los testigos las preguntas que les realizaban los intervinientes en el proceso desde Chile, diligencia que se prolongó por casi  una hora y media, y que significó un importante aporte para agilizar el proceso de extradición y aportar los datos que se encuentran en la solicitud planteado por el Estado peruano.

La toma de testimonio en proceso criminales por el sistema de videoconferencia ha sido utilizada con anterioridad en Tribunales de Juicio Oral en lo Penal y Juzgados de Garantía, pero la diligencia realizada en la pasada jornada es la primera que se hace en un proceso de extradición, lo que significó coordinar las labores de manera internacional para garantizar los derechos de cada una de las partes.

Reforma a los auxiliares de la administración de justicia

La aprobación de exámenes de conocimiento tanto para optar al cargo como para mantenerse en él será el requisito principal que deberán cumplir los aspirantes a notarios, conservadores y archiveros a partir de los cambios que contiene el proyecto de ley que ingresará el próximo lunes al Congreso.
El ministro de Justicia, Teodoro Ribera, informó que es la primera de dos propuestas legislativas que serán enviadas a trámite legislativo, pues con el fin de facilitar su tramitación y pronto despacho se decidió dividirla en dos.


Segundo proyecto tiene plazo de presentación para enero de 2013
El otro proyecto de ley ya está listo y se encuentra en revisión con el fin de que el Presidente lo firme y sea enviado a trámite.
"El segundo proyecto de reforma al sistema de notarios, conservadores y archiveros debe estar en el Congreso a más tardar en enero del próximo año", aseveró el ministro de Justicia, Teodoro Ribera.
Descartó que su retraso en la tramitación vaya a entorpecer el despacho del primero, pues ambos establecen situaciones diferentes.

El segundo mensaje abordará las mejoras tecnológicas, tales como digitalización de documentos, el uso de firma electrónica avanzada, el empleo de un repositorio digital de escrituras y la obligación de interconexión.
También incorpora mejoras en la fiscalización de la actividad de los notarios, conservadores y archiveros, reduce los tiempos de inscripción, crea un registro nacional de interdicciones y sistematiza las sanciones.
"Actualmente está pendiente la discusión de quién asume el sistema de la nube electrónica de dispositivo de mandatos de poder, pero el proyecto ya está redactado", explicó el ministro.



Fuente: El Mercurio

CORTE DE SANTIAGO MANTIENE RESERVA DE ANTECEDENTES EN PODER DE INSTITUCIONES DEL ESTADO

La Corte de Apelaciones de Santiago determinó mantener la reserva de los antecedentes solicitados a la Subtel, sobre la actualización del plan de radiodifusión de televisión; y de bombas lacrimógenas; ratificando, en el primero caso, y rechazando en el segundo la decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT).

En el primer caso (causa rol 3289-2012), los ministros de la Octava Sala del tribunal de alzada Juan Escobar, Leopoldo Llanos y Adelita Ravanales ratificaron la decisión del Consejo Para la Transparencia (CPLT) que negó acceso a la información a la “Actualización del Plan de Radiodifusión de Televisión” en poder de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).

La sentencia confirma que la información solicitada por el ciudadano José Labra Alcaíno debe mantenerse en reserva por afectar una política pública a implementar.

“Que los fundamentos de la resolución reclamada en el presente recurso se ajustan a la ley que rige la materia, toda vez que como lo indican las disposiciones anteriormente citadas de la Ley 20.285, sobre Transparencia, los actos de los órganos del Estado y los antecedentes que le sirven de fundamento o antecedente deben ser públicos, con las excepciones que la ley señala. Y entre dicha excepciones se encuentra precisamente la que prevé el ya citado Art. 21 N° 1 letra b), en cuanto a que deben mantenerse en reserva cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente, tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política. En el presente caso, resulta claro que los antecedentes cuyo conocimiento requiere el reclamante, y que constituyen un Estudio contratado por la SUBTEL, tienen el carácter de antecedentes previos del nuevo Plan de Radiodifusión Televisiva, política pública que deberá ser regulada por el ente mencionado. En efecto, y conforme al Art. 4° del Decreto Ley N° 1977, que crea la SUBTEL, ésta debe proponer al Presidente de la República las políticas de Telecomunicaciones que deben aplicarse, y adoptar las medidas técnicas normativas necesarias, por lo que le corresponde fijar el marco normativo técnico en esa área, y en el caso de autos, dictar el decreto aprobatorio del Plan de Radiodifusión Televisiva”, dice el fallo.

Resolución que agrega: “Así las cosas, es plenamente plausible y razonable, conforme a los antecedentes reunidos en la presente reclamación, que el conocimiento y divulgación del Estudio tantas veces citado, que constituye un antecedente previo de una política pública, pueda afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano llamado a adoptarla, por las razones latamente explicitadas en la resolución reclamada del Consejo para la Transparencia y que esta Corte comparte; y que en todo caso, una vez adoptada la decisión correspondiente, sus fundamentos se harán públicos , como imperativamente exige la parte final de la letra b) del numeral 1° del Art. 21 de la ley 20.285”.

Fuente: Poder Judicial 

Proyecto de ley telemarketing

El proyecto de ley (boletín 8604) fue presentado por los diputados Gonzalo Arenas (UDI),Fuad Chahín (DC), José Manuel Edwards (RN), Felipe Harboe (PPD), Gustavo Hasbún (UDI),Carlos Montes (PS), Ignacio Urrutia (UDI), Patricio Vallespín (DC), Enrique Van Rysselberghe(UDI) y Mónica Zalaquett (UDI).

Constituye una práctica habitual de proveedores de productos y prestadores de servicios el envío a los consumidores formales de comunicaciones promocionales y publicitarias a distancia, vía telefónica, por medios electrónicos, correo físico u otros. Esta actividad, conocida en las relaciones de consumo como "telemarketing", es un eficaz mecanismo para informar y motivar a los consumidores a adquirir o contratar un bien o servicio.

Pese a ello, los legisladores explican que dicha práctica, ejercida abusivamente, sin el consentimiento del destinatario del mensaje, constituye -en menor o mayor medida según cual sea el medio empleado para ello- un hecho que irrumpe directamente en la privacidad de los consumidores, alterando su rutina diaria e invadiendo su espacio de desarrollo personal. 

A ello, se suma el hecho de que las comunicaciones promocionales o publicitarias dirigidas, como las descritas, implican necesariamente el tratamiento de datos personales de los consumidores, pues suponen la administración de bases de datos de las cuales los proveedores obtienen los antecedentes de los consumidores a quienes dirigen tales comunicaciones o mensajes.

Fuente: Cámara de Diputados

¿Qué es FATCA?

El FATCA es Foreign Account Tax Compliance Act , El 1 de enero de 2014 entrará en vigor esta normativa promulgada  en los EE. UU. y comúnmente conocida por el  acrónimo FATCA.  FATCA fue aprobada el 18 de marzo de 2010 bajo la  Administración Obama como una sección de la  Hiring Incentives to Restore Employment (HIRE) Act.
La finalidad de esta normativa es combatir una tipología de fraude fiscal que cada año supone una pérdida de recaudación para el Tesoro de los EE. UU.  de 100.000 millones de dólares, aproximadamente.  En concreto, FATCA persigue el fraude fiscal cometido por personas físicas residentes fiscales en  EE. UU. que, con el fin de ocultar a la autoridad  tributaria estadounidense, el Internal Revenue Service (IRS), determinados rendimientos derivados de  inversiones en activos financieros, deciden obtenerlos a través de cuentas off-shore mantenidas con entidades financieras extranjeras. A estos efectos, conviene aclarar que la normativa fiscal de los EE. UU., considera residentes fiscales no sólo a las personas físicas que residen de forma permanente en territorio estadounidense, sino también a sus ciudadanos  por el mero hecho de ser nacionales (y con independencia del lugar de su residencia habitual).

La ratio legis de la norma es encomiable, pero su  alcance extraterritorial (aplica más allá de las fronteras de los EE. UU.), subjetivo (afecta a un amplio  elenco de entidades financieras) y objetivo (impone  gravosas obligaciones administrativas), ha propiciado severas críticas en los sectores en los que regirá.

En esencia, la comunidad financiera internacional  reprocha al IRS la falta de proporcionalidad de una  normativa que supone, de facto, una exportación de  las obligaciones fiscales de los EE. UU. al resto del mundo y cuyas exigencias representarán un relevante coste económico para los intermediarios  financieros extranjeros (posiblemente, más elevado  que los propios ingresos tributarios que generará  para el IRS).

Hasta la fecha, las objeciones presentadas al IRS por  distintas asociaciones financieras  internacionales  han surtido efectos y se ha pospuesto la entrada en  vigor de FATCA un año (inicialmente, prevista para  el 1 de enero de 2013). Sin embargo, todo parece
indicar que no habrá nuevas prórrogas y, por tanto,  las entidades financieras deben empezar a adaptar  sus procesos internos a los nuevos retos que supone esta normativa, que no tiene precedentes.

Fuente: Uria.com

100 nuevos proyectos para Startupchile.org

Durante octubre llegaron a Santiago 100 nuevas startups aceptadas para Start-Up Chile, y con mucha alegría las compartimos con los lectores de FayerWayer. Esta es la sexta generación de beneficiados del programa Corfo y estarán en Chile por lo menos hasta fines de abril de 2013. Llegaron emprendedores de Chile, USA, Brasil, Canadá, Italia, Alemania, Azerbaiján, México, Dinamarca, Rusia…podríamos seguir un buen rato porque hay 37 países representados en esta generación.

No es un grupo cualquiera. Estas 100 startups fueron escogidas de una competitiva base de más de 1500 postulantes. En las generaciones antiguas, el total de postulantes nunca pasaba de las 700 startups, así que ya de entrada estos emprendedores se merecen un buen aplauso. Además destaca la participación de los chilenos: Chile es el país con más emprendedores en esta generación, con un 26% del total de startups aceptadas. La gran mayoría se dedicará a proyectos relacionados con las redes sociales, la educación, y el e-commerce.

Después de una competencia tan dura, vienen con buen ánimo. Vienen convencidos de que pueden romperla y convertirse en los próximos Mark Zuckerberg y ser la versión mejorada, porque además estarán haciendo retorno social en Chile y compartiendo lo que saben.

Por ejemplo, VO-FAIR, liderado por la polaca Paulina Rakowska se dedicará a trasparentar el mundo del voluntariado. Inpact.me, del mexicano José Manuel Reyes, ya lanzó su plataforma colaborativa en donde personas junto a grandes empresas pueden financiar a proyectos sociales. “Estoy contenta de estar acá en Start-Up Chile con un proyecto más social, en medio de todos estos equipos más tecnológicos” comenta Paulina, “pienso que puede haber una muy buena retroalimentación entre nosotros y que podemos influenciarlos a ellos para que hagan incluso más actividades sociales que las que les pide el programa. Y nosotros de seguro podemos aprender de sus perfiles un poco más “de negocios” en el sentido tradicional”.

Fuente: Fayer Wayer