A continuación les presento la Sentencia Española que declara la ilegalidad del Canon en España.
Banca modificará nueve cláusulas en contratos para ajustarse a Ley del ConsumidorLa Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) respondió así a los requerimientos del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), que detectó en julio pasado irregulares condiciones en los contratos entre los bancos locales y sus clientes.
La decisión fue informada a través de una carta que la ABIF envió a inicios de mes al ente fiscalizador. En ella, la entidad gremial asegura que ha instruido a todos sus asociados para que introduzcan los cambios.
Los bancos modificarán las cláusulas donde la institución se permite no rendir cuenta a los consumidores de los mandatos concedidos.
Esto implica poner fin a mandatos "ciegos, por ende, las instituciones financieras ya no podrán firmar pagarés o contratar seguros a nombre del cliente, sin tener que rendirle cuentas.
Daños de tercerosLos bancos modificarán las cláusulas con que se eximen absoluta y anticipadamente de su responsabilidad por los daños producidos al consumidor por terceros en caso de robo, hurto o extravío de documentos o claves secretas. Ahora deberán asumir su responsabilidad ante pagos y otros daños, sin excusarse anticipadamente.
Protección de datosHasta ahora los bancos se eximían de la responsabilidad por la entrega de cualquier dato o información de los consumidores a otras empresas.
Con los ajustes introducidos, el banco deberá cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales.
Esto implica que las instituciones financieras asuman su responsabilidad y se sujeten a la señalada normativa. Ésta exige -entre otros aspectos- que el titular autorice por escrito la entrega de información y conozca los propósitos de su utilización.
La Ley de Protección de Datos también establece indemnizaciones por el uso de datos en forma indebida o sin autorización del cliente.
AutenticidadLos consumidores podrán discutir o rechazar la autenticidad de determinados documentos o actuaciones.
Esto operará para el uso de claves secretas, instrucciones telefónicas y/o electrónicas.
Antes, los clientes renunciaban anticipadamente a este derecho.
Cambios unilateralesLos bancos no podrán cambiar unilateralmente alguna condición relevante sin justificación y sin razones objetivas. Por ejemplo, el monto de las comisiones, los saldos mínimos, los cupos en las líneas de crédito, las garantías y las líneas de sobregiro.
Parámetros objetivosLos bancos no podrán terminar o suspender un contrato por las deudas impagas que tenga un consumidor con terceros sin entregar razones.
Ahora se deberá incluir información sobre parámetros objetivos para que el consumidor sepa en qué casos y cómo se evaluará su capacidad de pago.
Responsabilidad ante erroresDeberán eliminarse las cláusulas donde los bancos se eximen de responsabilidad por sus errores u omisiones. Por ejemplo, si ocurre una falla informática y el banco realiza un cobro indebido, éste no podrá eximirse de su responsabilidad y menos anticipadamente.
Cumplimiento de pagos automáticosLos bancos ya no estarán libres de responsabilidad por no cumplir o no verificar los cargos que los clientes instruyen.
Por ejemplo, si un cliente autoriza y solicita cargar en su cuenta corriente el pago automático de sus servicios de telefonía móvil pero esto no ocurre, el banco será la institución responsable de que dicha acción no se haya concretado, y ya no el cliente, como sucede actualmente.
Mandatos para segurosHasta ahora los bancos se eximían de responsabilidad en caso de que los clientes no contrataran un seguro de desgravamen e incluso los consumidores otorgaban un mandato a la entidad financiera para que contratara estos productos, sin tener que rendirle cuentas. Esto ahora no podrá ocurrir
Fuente: El Mercurio
La ley 20.393 crea la responsabilidad penal de las personas jurídicas y que permite la disolución de las empresas cuyos miembros se involucren en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho.
La norma, instaurada en el marco de la entrada de Chile a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), involucra las acciones de todos los colaboradores de las empresas, pero éstas no les han informado a sus trabajadores los alcances de la nueva normativa. Eso es lo que dice el 73% de los trabajadores, sondeados por el IV Barómetro de Valores y Ética Empresarial Generación Empresarial.
Este año, la medición -que se realizó a más de 14 mil trabajadores de 43 empresas nacionales- registró que en general los valores al interior de las empresas en Chile no han mostrado un gran avance en relación al año anterior, pero que siguen siendo imprescindibles en toda organización empresarial.
Según el estudio, el 93% de las empresas difunde sus valores corporativos, pero en general esta difusión se realiza a través de medios impersonales de la empresa, por lo que sólo el 37% de los trabajadores conoce los valores de su organización a través de reuniones cara a cara con sus jefaturas.
Así, mientras el 70% de las empresas tiene un código de buenas conductas (13 puntos más que el año pasado), sólo el 30% tiene un encargado de Prevención Ética. Esto ha llevado a que el 38% los trabajadores de la empresa detecte, habitualmente o a veces, incoherencias entre los valores que la empresa difunde y aquellos que realmente se practican.
Según el barómetro empresarial, el 43% de los consultados (seis puntos más que en 2009) atribuye esta incoherencia a que los sistemas de evaluación de las empresas están basados sólo en el logro de objetivos, sin importar cómo se consiguen.
Pero la falta de liderazgo basado en el ejemplo por parte de la jerarquía de la empresa (60%), y la falta de reconocimiento al buen comportamiento (60%) también explicaría esta incoherencia. Según el barómetro, la justicia, la creatividad y la excelencia son los valores que, estando definidos en la empresa, se viven poco en ellas.
Compensaciones
Esta falta de recompensa tiene un doble filo, pues los trabajadores denunciantes tienden a hacer su propia justicia, por medio de distintas vías, como llamadas telefónicas sin límite o el robo hormiga.
Es más, el 51% de los trabajadores dice que ocurre con cierta frecuencia el abuso de los recursos de la empresa por parte de los trabajadores, y el 12% declara que habitualmente hay una despreocupación de la empresa por promover la vida en familia de los empleados.
Ficha técnica
El Barómetro de Valores y Ética Empresarial se aplicó a 14.188 empleados de 43 empresas. De ellos, 920 son directivos, 4.479 mandos medios y los demás (7.789) representan a las bases de la organización. Con un 1% de error muestral.
83% de los empleados creen que los valores son comunicados clara y directamente en la organización.
70% de los trabajadores piensa que las herramientas usadas es sus empresas para evitar conductas anti- éticas funcionan.
70% de las empresas ha diseñado su propio manual de buenas prácticas.
13% de los encuestados dice que el conflicto más habitual en la empresa es la desigualdad salarial entre hombres y mujeres.
Sólo el 64% de los mandos medios y el resto de los trabajadores de las empresas afirma que los directivos de las empresas mantienen un comportamiento ético, cifra que baja a 58% si se les pregunta sólo a los empleados de la base de la compañía.
En el sector Servicios, el 12% de los encuestados dice derechamente que cree que sus directivos no actúan conforme a la ética y los valores, cifra que podría explicarse desde las bases de las compañías, que son las que mayoritariamente creen esto.
El 43% de los trabajadores dice que el abuso de poder ocurre habitualmente en su empresa, al igual que el incumplimiento de los compromisos frente a los trabajadores (39%)
Fuente: El Mercurio
Frente al avance de las nuevas tecnologías en nuestra sociedad el derecho no puede quedar ausente y requiere que las Facultades de derecho formen a los nuevos estudiantes tanto a nivel de pregrado como a nivel de postgrado abogados especializado en materias como derecho e Internet, el impacto de la propiedad industrial e intelectual frente a los avances tecnológico, el uso de medio informáticos para la comisión de delitos como la ausencia de regulación de acciones no tipificadas en nuestra legislación.
Colombia fue designada como uno de los cuatro integrantes del Comité Ejecutivo de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, por un periodo de dos años, hecho que se dio en el marco del VIII Encuentro que sobre el tema se llevó a cabo en Ciudad de México. Formar parte de ese comité se constituye en un hecho de confianza en Colombia, que sirve como razón adicional para el estudio de aprobación del proyecto de Ley, que el Congreso se encuentra adelantando. Dicho proyecto ya fue debatido en primera instancia en la Comisión I de Cámara de Representantes, el 14 de septiembre de 2010 y fue aprobado por unanimidad.
Desde el 2009, un equipo interinstitucional se viene reuniendo con las principales autoridades internacionales y expertos en protección de datos, para garantizar que el proyecto se convierta en líder en la región, en lo que tiene que ver con el tratamiento de datos personales. El objetivo de la ley es regular, por primera vez y de manera integral, el derecho constitucional que tienen los colombianos a conocer, actualizar y rectificar cualquier tipo de información que sea objeto de tratamiento por parte de una autoridad pública o una empresa privada.
No es menor el avance logrado por este país, en Chile tenemos que seguir aprendiendo de experiencias internacionales y en particular la desarrollada en Colombia que nos permitirá ir posicionando el tema de protección de datos aun no cubierta por la ley 19.628 que adolece de serias debilidades.
Importantes economistas dan recetas a Chile, ellos son, Jeffrey Sachs, Laurence Kotlikoff, Edward Glaeser y el Premio Nobel Robert Merton compartieron con este diario el diagnóstico que entregaron al Gobierno. Tras un cónclave de dos días, los expertos advirtieron que las reformas más imperativas apuntan hacia la innovación y el emprendimiento.
Un nuevo proyecto de ley que será presentado el próximo año por el gobierno de Estados Unidos, buscará de obligar a los operadores de telecomunicaciones en Internet a facilitar la lectura abierta de mensajes de chat y correos electrónicos encriptados, informa en su edición de hoy el diario "The New York Times".La legislación también funcionaría en el caso de las llamadas telefónicas y videoconferencias realizadas por servicios como Skype, donde las autoridades podrán interceptar las llamadas con la misma facilidad que con teléfonos de red fija o móviles.
La iniciativa legal será sometida a votación en el Congreso el año que viene, pero ya ha desatado fuertes críticas entre los defensores estadounidenses de datos y expertos en Internet. Los desarrolladores de servicios de comunicaciones en la red deberán crear una especie de puerta trasera virtual a través de la cual las autoridades estadounidenses puedan acceder a las conversaciones orales y por escrito en chats de servicios como BlackBerry, Facebook o Skype.
El proyecto de ley se aplicará a todas las compañías que ofrezcan sus servicios en Estados Unidos. En el caso de las empresas extranjeras, éstas serán obligadas a abrir una oficina en territorio norteamericano.
Los representantes de las fuerzas de seguridad consideran que las medidas planeadas son ineludibles, ya que las normativas vigentes hasta ahora para el espionaje de sospechosos de terrorismo ya no se condicen con la realidad tecnológica. De hecho, la iniciativa trata de dar respuesta a la preocupación de las autoridades de seguridad por la forma cada vez más inadvertida en que terroristas y criminales se comunican y preparan sus acciones.
Protectores de datos y expertos de Internet hablan en cambio de consecuencias negativas para los usuarios de internet. Aseguran que la nueva iniciativa pondría en peligro importantes elementos que han convertido a Internet en lo que es hoy, como por ejemplo la arquitectura descentralizada debido a un tráfico internacional gestionado por servidores de todo el mundo.
Otros expertos advierten de que las "puertas traseras" que serán instaladas, podrán ser empleadas sin problemas por hackers.
Fuente: La Tercera
La ingeniería inversa tiene por objeto de obtener información técnica a partir de un producto accesible al público, con el fin de determinar qué lo hace funcionar y cómo ha sido fabricado.
Uno de los temas que tiene aún pendiente nuestro país es la necesidad de generar un cultura de protección de los intangibles de
Este desafío no sólo descansa en la los organismos de gobierno sino que también las instituciones de educación están llamadas a transmitir y formar a sus alumnos en el reconocimiento de la protección de los intangibles de
