Generalmente cuando navego por internet me encuentro por las redes sociales que muchas personas publican mucha información personal, incluso desde sus números de oficina, celular, dirección personal y mucha otra información que puede ser utilizada por terceros para la comisión de algún fraude.
El domingo pasado se publicó un artículo en El Mercurio sobre este tema en que se hablaba precisamente sobre los mecanismos de estafa en que se está utilizando la información que se publica en internet. Diversos son los mecanismos que empleados desde programas spyware para levantar la información desde el correspondiente computador hasta engañar con información ofreciendo trabajo y con suculentas comisiones. Hemos conocido a personas que han sido víctima de este tipo de acciones y en que se les ofrece un trabajo en que deben intermediar con un tercero, pero deben tener una cuenta corriente, se les piden los datos, se les deposita una cantidad de dinero y se les requiere que envíen ese dinero a otra cuenta corriente, pensando que están obrando de buena fe proceden a entregar ese dinero y a facilitar toda su información sin considerar los riesgos a que se exponen y los futuros problemas judiciales en que pueden estar involucrados.
Nuestro país necesita adecuar la legislación vigente en materia de delitos informáticos, nuestra ley 19.223 ya tiene un ciclo y debe actualizarse, incluso debiera incorporarse al mismo Código Penal, situación que hoy no ocurre pues está fuera de éste Código, sin embargo, no vemos una voluntad en nuestro Congreso para avanzar en esta materia, si bien se hace mención en la Estrategia Digital actual sobre la necesidad de modernizar la legislación, será el siguiente Gobierno el llamado a actualizarla.
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