El desarrollo de la economía en Latinoamérica está generando interesantes oportunidades para que las empresas multinacionales comiencen a evaluar su ingreso a la región y realizar inversiones en nuestros países. Sin embargo, al momento de definir por parte de una empresa cuáles son las variables para realizar esa inversión se consideran diversos factores tales como las condiciones económicas, políticas, sociales y de cumplimiento de la ley que entreguen certeza y seguridad jurídica a los inversionistas.En materia de telecomunicaciones el paso de los campos normativos en gestión de monopolio en Latinoamérica a un régimen de competencia bien sea en un nivel básico o avanzado, en especial en países de Centro y Sur América que poseen realidades particulares diferentes a lo que ocurre en los países de Norteamérica, tienen una base normativa común con un fuerte énfasis Europeo en regulación. Gran parte de los países de América del Sur y de Centro América, algunos países tales como Perú, Argentina en su momento Bolivia y Venezuela privatizaron sus monopolios públicos y otorgaron monopolios o duopolios temporales a privados o exclusividad del uso de ellos en gran parte de la década de 1990, otros países fijaron una apertura total del mercado desde su origen como fue el caso de Chile en la década de 1980, en el caso de Colombia se apostó por una característica mixta de operadores públicos y privados; el caso de Ecuador fue mantener los operadores públicos en particular para servicios fijos y privados para los servicios de telefonía móvil. “Estos países han generado organismos particulares que poseen cierta autonomía e independencia ante el gobierno de turno y poseen un nivel alto de uso de la técnica que no pueden aplicar normas de hermenéutica, tanto del Poder Legislativo como en el uso de la potestad Reglamentaria del Poder Ejecutivo”[1], además, dado la velocidad de cambio de las normas y de la tecnología sumado a la escasa capacidad de las leyes para adaptarse a esos cambios. Estos organismos autónomos les corresponde proteger y promover la defensa de la libre competencia, también velan por la protección de los derechos de los usuarios. Es tal el nivel de avance en esta materia que “ya en 1997 habían 16 países de América que suscribieron en uno de los compromisos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) la necesidad de establecer un órgano de reglamentación independiente”[2]. Por tanto, uno de los primeros elementos que se deben identificar para evaluar el ingreso de nuevos operadores y/o proveedores de servicios de redes en la región responde a la necesidad de identificar el impacto y el rol que juegan estos reguladores en cada uno de los países de la región. Es importante identificar qué normas regulan su actuación, cuál es su marco de actuación y cómo promueven o amparan el libre ejercicio de los derechos de quienes compiten en el mercado de las telecomunicaciones.
Otro elemento a evaluar dice relación con identificar si estos organismos de regulación poseen la facultad para definir los cargos de acceso en la interconexión que deben pagar los operadores por el uso de su red para originar o terminar una comunicación y con ello mantener las reglas de no discriminación, ser transparentes y orientadas a costos eficientes en su determinación para que por el mismo uso de la red no se paguen cargos distintos, cualquiera sea el servicio , la distancia o la calidad de operador nacional o internacional.
[1] Regulación Básica de las Telecomunicaciones, Edgar González López, Universidad Externado de Colombia, 2007.
[2] Regulación Básica de las Telecomunicaciones, Edgar González López, Universidad Externado de Colombia, 2007.
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