
Para impedir la circulación indiscriminada de datos personales obtenidos sin autorización de sus titulares así como su comercialización impune, los diputados de Renovación Nacional Francisco Chahuán y Roberto Sepúlveda presentaron el 22 de agosto de 2006 un proyecto de ley que perfecciona la Ley sobre protección de la vida privada. "En la actualidad, nadie puede saber, a ciencia cierta, qué persona o empresa maneja sus datos personales o los de su entorno familiar". Con ellos, se ofrecen "créditos bancarios, tarjetas, afiliaciones a planes de salud, isapres, seguros, promociones turísticas y otros servicios o beneficios que no han sido requeridos por dichas personas", señala el texto. Las medidas que propone el proyecto son: 1. Que los registros o recopilaciones de datos personales, públicos o privados, queden a cargo de un organismo estatal especializado; 2. Presidio menor en su grado mínimo (61 a 541 días) para quienes comercialicen, faciliten o cedan datos personales o bases; 3. Obligación de los responsables de los registros o bases de adoptar medidas de seguridad máxima para impedir su tráfico.
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